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Con los sucesivos reveses que protagoniza la crisis económica, resultado de otra: la crisis financiera a nivel mundial, la política oficial se ha apuntado al palabro de moda, austeridad.Bajo el paraguas de ese concepto, que hasta ahora nunca había sido utilizado como un valor importante para la gestión del dinero público, se han colocado fundamentalmente los dos grandes partidos estatales. PSOE y PP se apuntan el tanto del fenómeno de la austeridad.El diccionario de la RAE define austeridad como “cualidad de austero”, que viene siendo en su tercera acepción ” sobrio, morigerado, sencillo, sin ninguna clase de alardes”.Frente al cruce de anuncios, iniciativas y proposiciones, surge un interrogante ¿es realmente austeridad lo que está encima de la mesa?Hasta el día de hoy las cuestiones planteadas apenas han superado la barrera del simbolismo, o del puro efectismo partidista, debido a la escasa profundidad de las mismas.Haciendo una breve síntesis de lo que se ha ido proponiendo o ejecutando, nos topamos con que únicamente se refiere a la congelación, que no reducción, de los salarios de los representantes institucionales (concejales, alcaldes, diputados, ministros…) y los asesores de mayor rango, así como la reducción de partidas que son insignificantes cuantitativamente.Hoy mismo el Presidente del Congreso, José Bono, se unía al carro pidiendo la congelación del salario de sus señorías para el próximo ejercicio.¿Es eso austeridad? Difícilmente se puede sostener que sí.EFICIENCIA ECONÓMICAEs de sentido común que frente a un escenario económico que en su mejor cara ofrece incertezas, y en la peor un temor fundado de profunda recesión que afectará fundamentalmente a la clase trabajadora, la gestión del presupuesto público debe reenfocarse, adaptándolo a la nueva situación.Debe ser el principio de eficiencia económica el que presida la administración del dinero de todas/os.  Pero eficiencia teniendo por objetivo el poner la economía al servicio de la mayoría.LA PRIORIDAD: PROTEGER A LAS RENTAS MÁS BAJASLos recientes datos facilitados por el Ministerio de Economía, demuestran que mientras los salarios de Abril a Junio aumentaron únicamente el 5,5% (prácticamente al nivel del incremento del IPC anual), el excedente de explotación de las empresas consiguió aumentar en casi un 10%, lo que deja claro quien va a pagar las consecuencias de la actual crisis.Por ello la prioridad gubernamental debe ser la de proteger la rentas más bajas, poniendo fin a la práctica de la contención salarial que ha impuesto la patronal, con la venia del sindicalismo pactista, sobre todo teniendo en cuenta el alto nivel de endeudamiento familiar que ha caracterizado la economía española de los últimos años, y que ha sido uno de los elementos que han hecho posible la bonanza económica de la que presumió hasta hace poco el Presidente Zapatero, y de la que han hecho caja las grandes corporaciones y entidades bancarias.Se hace imprescindible un replanteamiento de la estructura presupuestaria, para priorizar el gasto social, reduciendo, ahora sí bajo el principio de austeridad, aquellas partidas menos relevantes: propaganda institucional, tecnología militar, o las que gestionan ministerios sin competencias reales como cultura, vivienda o igualdad.DESCENTRALIZACIÓN DE LOS RECURSOSCon el actual mapa autonómico, y las competencias transferidas, son hoy las comunidades autónomas las encargadas de gestionar los principales servicios públicos (sanidad, políticas de empleo, educación…). Es lógico, pues, que en coherencia, el estado dote de mayor capacidad económica a las administraciones públicas que van a tener que hacer frente a los gastos.

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